Observatorio de la Dolarización

¿Quiénes son los tenedores? Un análisis de la gestión de la deuda externa de Richard Martínez

El 17 de abril de 2020, el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, publicó un tuit defendiendo la decisión gubernamental de pagar $326 millones de dólares por concepto de capital de los bonos 2020, dos semanas después de que había sido declarada la emergencia sanitaria por el coronavirus, dos días después de que el Consejo de Participación Ciudadana instó a la moratoria y un día después de que todos los jefes de bloque de la Asamblea Nacional habían exhortado al Gobierno a que no haga el pago. El costo de oportunidad de no tener esa liquidez a la mano ha sido para atender la emergencia sanitaria es incuantificable, como ha sido expresado para la historia en el documento de renuncia de la ex Ministra de Salud, Catalina Andramuño.

En este artículo, examinamos uno por uno los argumentos de Richard Martínez:

1. Pagar solo el capital.

Con esta declaración está contradiciendo la publicación oficial del Ministerio en la Bolsa de Luxemburgo, donde indica que sí hizo el pago de intereses de los bonos 2020. “Today we made the payment of USD 324 MM corresponding to the capital and interest on the 2020 bonds”. El monto de los intereses de los bonos 2020 es aproximadamente $17 millones de dólares. (En la solicitud de consentimiento no hay pedido de diferir los intereses de los bonos 2020.)

Quizás a raíz de las declaraciones del Viceministro Esteban Ferro a Latin Finance de que pagar los bonos 2020 era la prioridad, éstos no se cotizaron por debajo de los 90 centavos cuando el resto de bonos de cotizaban a menos de 30 centavos. Aún así, por ejemplo el 9 de marzo si el gobierno hubiese podido recomprar los bonos en el mercado antes de pagarlos, hubiese sido (ahí sí) un ahorro de $30 millones de dólares.

Si se dejaba caer el precio de los bonos 2020 (sin ese tipo de declaraciones), el ahorro de una posible recompra podía haber sido mayor. Sin embargo quedó claro que las instrucciones de pagar los bonos 2020 fueron antes del 20 de marzo y el dinero correspondiente ya había salido del País antes que se pronuncie el legislativo.

2. No pagar intereses por 197 MM.

No hay nada en los contratos que implique ello. Los otros bonos tenían cronogramas de pago de intereses diferentes a los bonos 2020. Y en todos los casos, el Ecuador estaba facultado a diferir unilateralmente 30 días el pago de intereses sin incurrir en moratoria. El default se declara selectivamente. Quiere decir que cada bono es evaluado para ver si incurre o no en moratoria. Los intereses de los otros bonos (distintos a los 2020) se hubieran podido diferir independientemente si se pagaba o no el capital de los 2020. Lo que sí es posible, y como veremos adelante, es que el gobierno temía que se activen las cláusulas cross-default de los otros bonos y transacciones repo.

3. Evitar el default.

Vale mencionar que el Ecuador estaba facultado para atrasarse 5 días en el pago de capital (no 30, como ha dicho León Roldós) sin caer en moratoria (por errores administrativos o técnicos). En esos 5 días se hubiese podido realizar una solicitud de consentimiento para diferir el pago del capital, tal como ocurrió con la solicitud de consentimiento para diferir el pago de intereses que venció el 17 de abril.

Si se hubiera tenido algo de previsión y claras las prioridades, también se podía haber gestionado diferir el capital semanas antes del 24 de marzo, fecha de vencimiento de los bonos. Podía haber sido al menos en tres momentos anteriores: al momento de la declaración de estado de excepción el 16 de marzo de 2020, al momento de la declaración de emergencia sanitaria el 11 de marzo de 2020 o al momento que se conoció la negativa del FMI de conceder el desembolso correspondiente a la cuarta revisión, a finales de febrero, aunque se hizo público el 5 de marzo de 2020.

Lamentablemente para el País, y para la declaración del Ministro que queda falseada, Standard & Poor’s ya calificó al Ecuador en la categoría de “selectiva default”.

4 Conseguir un acuerdo con los tenedores de bonos para diferir 811 MM de dólares por intereses.

A diferencia de la narrativa de “ahorro”, lo que se ha logrado es diferir el pago del costo financiero de los bonos, que no es menor. Para diferir $811 millones de dólares hasta agosto, el gobierno se comprometió a pagar $8,7 millones de dólares hasta el 27 de abril al 91% de los tenedores que aceptaron diferir. Además, es posible que el gobierno pague intereses por un valor de $24 millones en abril, a los tenedores que no aceptaron diferir, correspondiente a los bonos que tenían cupones en marzo y abril. Como es evidente por las fechas, todos estos pagos a tenedores de deuda privada se realizarán en medio de la parte más crítica de la emergencia sanitaria. No hay ahorro, los intereses se siguen devengando conforme transcurre el tiempo.

Hasta agosto, sumado el pago inmediato junto con los pagos a tenedores que no aceptaron diferir, se prevé que el Estado pague cerca de $91 millones en intereses.

Un dato muy particular: la fecha en la que hay que pagar los $811 millones puede variar. Si el Ecuador llega a un nuevo acuerdo con el FMI, los intereses diferidos se deben pagar el 15 de agosto. Si el Ecuador no llega a un nuevo acuerdo con el FMI, los intereses diferidos se deben pagar el 10 de agosto.

“5. Mantener acceso a financiamiento por 2.000 MM para enfrentar la crisis.

Esta declaración es falsa. Es importante distinguir los tipos de prestamistas que existen. Existen multilaterales, bilaterales (estatales) y comerciales (bancos o tenedores de bonos). El ministro aspira a confundir los diferentes tipos de prestamistas. El acceso a financiamiento en el mercado de capitales (tenedores de bonos) está cerrado desde que se conoció que el FMI no concedió el desembolso programado para mediados de marzo. El aumento de riesgo país a niveles prohibitivos, actualmente por sobre los 5000 puntos básicos, es un cierre efectivo a este tipo de financiamiento. No hay posibilidad de “acceso a financiamiento” de parte de los tenedores de bonos por $2 mil millones.

Los otros tipos de prestamistas mantienen abiertos sus canales de financiamiento y los habrían mantenido aún si se hubiese materializado el default. El Ecuador ha tenido acceso a bilaterales y multilaterales aún cuando no tuvo acceso al mercado de capitales. Luego del default selectivo de 2008, Ecuador siguió accediendo a crédito de la CAF, del BID, del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones a nivel multilateral y, a nivel bilateral, de parte de entes estatales chinos, franceses, japoneses, etc. A nivel jurídico, esto ocurre porque los acreedores multilaterales se consideran de primera prelación, ya que, en la mayoría de los casos, el Ecuador es estado miembro de los mismos. Pero además, los contratos con multilaterales o bilaterales no incluyen cláusulas de cross-default ni de aceleración (repago anticipado).

6. De los 2.000 MM que recibiremos: 500 MM son del FMI y 500 MM del Banco
Mundial, luego de sus Directorios la última semana de abril y mayo. Los otros 1.000 MM vendrán de China en mayo.

El Ministro ha cambiado estas cifras según el foro. En su entrevista la noche del domingo 12 de abril (minuto 31), dio el siguiente listado: $650 millones del “Rapid Financing Instrument” del FMI (y que está negociándolo hasta $ 1000 millones). Añadió un crédito de $500 millones proveniente del Fondo Latinoamericano de Reservas. Añadió que del Banco Mundial llegarán $500 millones y que China concedería un crédito de $2400 millones. Y además unos recursos pequeños de rápida activación. Eso sumaba hasta $4400 millones.

Ojalá que lo que dijo en la entrevista sea la verdad.

“7. Es falso que hayamos sido el único país en cancelar deuda en marzo. Otros 20 países emergentes lo hicieron para evitar el default, que habría significado cierre de financiamiento al país y a sus privados, congelamiento de activos y bloqueo de cuentas en el exterior.

Aquí yace la verdadera razón del pago de los bonos 2020. Aunque los argumentos planteados por el ministro buscan generar temor e intimidación, esas no son consecuencias naturales del default, y menos aún en una coyuntura excepcional a nivel mundial como la actual.

El principal temor del ministro es el del Código Penal ecuatoriano, pues el Ministro llevó a cabo operaciones muy riesgosas con Goldman Sachs y Credit Suisse. Estas operaciones son complejas, pero en esencia son préstamos garantizados por lingotes de oro y por bonos de deuda externa en una proporción mayor al 200%. Además, si sube el riesgo país (baja el precio de los bonos), había que poner más garantías o prepagar el préstamo.

En esos contratos constan las cláusulas de cross-default. Quieren decir que si el Ecuador no paga alguno de los bonos (incluyendo los bonos 2020) se considera que ha caído en moratoria también con Goldman Sachs y Credit Suisse: una especie de solidaridad entre banqueros. Y si no pagaba los bonos 2020, Goldman Sachs y Credit Suisse se hubieran quedado con los bonos de deuda externa y el oro, que, según la estadística de pasivos contingentes, suma más de $3000 millones. Esto hubiera contrariado directamente la legislación y la Constitución ecuatoriana, que impide que deuda pueda ser pagada con más deuda en peores condiciones. La deuda externa garantizada con más del doble de bonos de deuda externa claramente incurría en dicha prohibición. En otras palabras, hubiese significado peculado. El acuerdo con Goldman Sachs vence el 28 de agosto de 2022 y el acuerdo con Credit Suisse vence en abril de 2023. Se desconoce si el gobierno ha prepagado estas operaciones luego del aumento sustancial del riesgo país, pues el gobierno ha retrasado la publicación de las estadísticas de deuda externa correspondiente al mes de marzo.

Como se explicó antes, no hubiese habido cierre de financiamiento para el país ante un default. El acceso de los actores privados a financiamiento en el exterior se rige por la situación de los deudores y de los acreedores. En el caso de los deudores, los entes privados del Ecuador casi no pueden acceder a financiamiento externo sin “cash-collateral“. Es decir, establecer contragarantías en efectivo. Eso no hubiese cambiado significativamente con o sin default. Finalmente, el congelamiento de activos y el bloqueo de cuentas, si bien es un riesgo, surge luego de un proceso judicial o arbitral y su respectiva ejecución. En el caso de Argentina que culminó en la decisión del Juez Griesa, dicho proceso tomó más de 15 años. Y por el lado de los acreedores, su propia situación de violenta contracción financiera sumada a la situación económica mundial significó un cierre de financiamiento a casi todos los países emergentes, donde nada tenía que ver la decisión del Ecuador.

“8. Es falso que Argentina haya dejado de pagar su deuda externa. Pagó 195 MM. Lo que hizo fue diferir el pago de su deuda interna (En Ecuador eso equivaldría a no pagar la deuda al IESS)

En el Ecuador, la deuda interna no es solo con el IESS. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas sí ha dejado de pagar al IESS algunas de sus obligaciones corrientes y ha entrado a reestructurar las obligaciones con el IESS.

A diferencia de lo que menciona Martínez, Argentina ha sido clara en que no es el momento para privilegiar el servicio de deuda. De tal manera, hace dos días propuso a sus acreedores de deuda privada diferir el pago de capital e intereses durante tres años ratificando lo que han venido anunciando su Presidente y Ministro de Economía en la última semanas: hoy la Argentina no pueden pagar nada.

9. Es malintencionado pensar que se pretendió beneficiar a alguien en particular y no al país. El nombre de los tenedores de bonos es público y se los puede encontrar en http://www.bloomberg.com

Los datos de los tenedores de bonos no son públicos así que no basta con que el Ministro le diga a los ecuatorianos y ecuatorianas que “entren a internet y busquen la información”. El portal de Bloomberg es pagado y, además, cuesta mucho. Pero además, es desactualizado e incompleto. Solo están reportados $177 millones de los $325 millones que fueron pagados por el gobierno en plena crisis sanitaria. Es decir, casi la mitad de los tenedores siguen siendo anónimos.

La información de Bloomberg es imperfecta. Solo cuatro fondos/bancos tienen datos actualizados al 31 de marzo, el resto son filings a febrero 2020, diciembre 2019, y antes. Es decir, antes de la hecatombe. Por ende no refleja los tenedores actualizados.

De la lista reportada, los más grandes – en el siguiente orden – son Ashmore (Reino Unido), Northern Trust (Luxemburgo), AllianceBernstein (EEUU), Nordea (Suecia), Bank of NY Mellon (EEUU) y JPMorgan (EEUU). El Presidente Lenín Moreno ha tenido reiteradas reuniones dentro y fuera del País con el grupo Ashmore.

Hay cuatro entidades que tienen los datos actualizados. De ellos, tres vendieron la totalidad de sus bonos para cuando reportaron su posición en marzo (en total $2,4 millones). Sin embargo, a pesar de estas ventas, el precio de los bonos 2020 no disminuyó al mismo ritmo que el resto de los bonos. ¿Quién compró los bonos que estos tres bancos vendieron?

El único que reporta haber aumentado su posición en bonos 2020 a finales de marzo fue Bank of NY Mellon (+$1,0 millón), al mismo tiempo que vendió bonos 2022 (-$3,6 millones). Esto podría levantar sospechas: ¿poseía información privilegiada sobre la diferencia de tratamiento de los bonos 2020 versus el resto de bonos?

En este punto, cabe mencionar que los bancos o fondos que figuran en la información de Bloomberg pueden ser ellos mismos tenedores de deuda ecuatoriana pero, asimismo, pueden estar actuando en nombre de un cliente como custodios de valores. Este cliente, a su vez, no necesariamente es la persona natural que lucra de estas inversiones sino una empresa real o de papel a su nombre, o de un tercero, que incluso podría estar domiciliada en un paraíso fiscal.

Toda esta información, a detalle, debe ser transparentada por el Ministerio de Economía y Finanzas. No solo la última posición de los tenedores sino la base de datos de las transacciones realizadas con los bonos 2020 en los últimos meses. El viernes 17 de abril, recibió la aceptación de 91% de los tenedores del resto de bonos, esperamos que hayan adjuntado, junto a su voto, su identificación como beneficiario final. En la solicitud de consentimiento, hubiese sido sencillo incluir este pedido de información, pero el Ministerio decidió no hacerlo.

Si no lo hace el Ministerio, es importante que toda esta información la obtenga el Consejo de Participación Ciudadana o la Asamblea Nacional, como lo hizo el Congreso en los 1990s.


Actualización [14.05.20]: se corrigieron las fechas de vencimiento de los repos de Goldman Sachs y Credit Suisse.