Economía política

Entrevista en archivos: las primeras medidas económicas frente a la COVID-19

El siguiente texto es un extracto de las ideas expresadas en una entrevista en UTC Radio el día 12 de marzo de 2020. Se reproduce en este espacio como un aporte a entender la situación del país a las puertas de enfrentarse a la COVID-19, al igual que un artículo anterior.

Los antecedentes: la dimensión económica del coronavirus

Me parece que, para hablar de las medidas económicas anunciadas ayer en la noche (11 de marzo de 2020), tenemos que partir de la excusa que se está usando para implementarlas. Y la excusa es el coronavirus SARS-CoV2, cuya enfermedad el día de ayer fue declarada pandemia.

No soy médico ni nada parecido, así que no me corresponde pronunciarme acerca de las características de la enfermedad ni de su velocidad de contagio ni de sus probabilidades de resultado fatal ni de la capacidad de los sistemas sanitarios, todas estas cuestiones que deberían ser, con mucho, lo más importante; sino que me referiré a los efectos económicos de todo lo que nos ha traído este virus.

Algunas medidas que se han tomado para contener la enfermedad tienen efectos económicos: como cuarentenas, prohibición de vuelos internacionales, prohibición de transporte de personas y mercancías (la Cámara de Comercio de Quito estima un sobrecosto de entre USD 1200 y 1500 por container; en 2018, en puertos marítimos se movieron casi 306 mil contenedores de importaciones, por lo que el sobrecosto sería de entre 360 y 460 millones anuales, lo que es un costo adicional de alrededor de 2%). Por supuesto, esto no toma en cuenta que existen productos cuyo precio ha aumentado por escasez o especulación y, como es el caso del petróleo, bienes y servicios que han reducido su precio por la reducción de la demanda, particularmente commodities: energía y materias primas.

Como consecuencia, el precio del petróleo se encuentra rondando los 30 dólares y a la baja, y nuestros productos agrícolas también enfrentan reducciones drásticas de precios. Si bien se prevé que estos precios se recuperen conforme esta ola de contagio pase (cosa que China espera para junio), básicamente porque todo el mundo necesita comer, nuestros productos estrella (camarón, banano, flores…) no son precisamente la base alimenticia de ninguno de los países afectados y, por tanto, no deberían abrigar las mismas esperanzas. Del sector turismo ni se hable, porque su recuperación a mediano plazo depende de la capacidad de la humanidad de generar resistencia al COVID-19, acerca de lo cual aún se sabe muy poco.

En el petróleo hay que mencionar también el hecho de que no se ha llegado a acuerdos en la OPEP, básicamente entre Rusia y Arabia Saudita, y aunque se prevén acuerdos en el corto plazo, siendo el Ecuador un país que recientemente salió de la OPEP, resulta, por decirlo menos, irónico, que nuestros ingresos externos en esta situación tan complicada dependan de esta misma organización.

El pánico ha trasladado recursos de las economías emergentes (especialmente Suramérica) a la metrópoli, generando una presión sobre los tipos de cambio que, al ser un país dolarizado, también nos está generando problemas en la frontera

El coronavirus no es más que una excusa

Si bien todo esto es real, hasta ahí es sólo la excusa: la tormenta desatada por el coronavirus. Pero, como se mencionó en un entrevista anterior, la razón principal para el problema que estamos atravesando es muy distinta, y el coronavirus no ha sido más que un catalizador, un acelerador. No vamos a repetir lo dicho en esa entrevista, pero se puede resumir en que nuestras autoridades (tanto el Ejecutivo como el Legislativo), mutilaron herramientas de política monetaria a través de la Ley de Fomento Productivo de 2018, mientras que nos han estado endeudando (y encima lo venden como si fueran logros y, de acuerdo a las declaraciones del mismo Presidente, planean endeudarnos muchísimo más, me parece que sus palabras fueron que “dependemos de los organismos multilaterales” o “nos sostenemos sobre los organismos multilaterales”). Baste ver lo cómo ha dejado Macri la economía Argentina para percatarse que es una mala idea (¿qué le diría usted a un amigo que le dice que se sostiene básicamente gracias a las tarjetas de crédito, y que quiere sacar otra más?). A esto hay que añadir las inapropiadas declaraciones de nuestro Ministro de Economía y Finanzas, que han contribuido a disparar nuestro riesgo país, lo cual ha representado una gran ventaja para aquellos que quieren hacerse de nuestros bonos soberanos, y regresar a los problemas que tuvimos con la intervención de los tenedores de deuda en las políticas públicas y la legislación nacional (baste con mencionar que crearon un fondo que priorizaba el pago de la deuda sobre cualquier otra necesidad nacional; de seguro querrían revivir ese fondo).

El problema es básicamente uno de liquidez y, particularmente, uno de liquidez externa porque nuestras reservas internacionales se están alimentando casi exclusivamente de endeudamiento externo. No se le ha prestado la atención adecuada al control del sector externo.

Las medidas son ambigüas, y lo más importante es lo que no se dice

Ahora sí, podemos referirnos a las medidas. Estas se pueden resumir en tres: 1) aumentar unos ingresos temporales a través de impuestos internos, 2) reducir el gasto público a través de fusiones de instituciones y a través de la reducción real de salarios del sector público y, 3) menoscabar la institucionalidad pública a través de pasar leyes para poder acceder a más endeudamiento.

De ninguna de las tres se conocen mayores detalles, pero, en líneas generales, las primeras dos son evidentemente procíclicas, recesivas, y, en algunos casos, requieren de aprobaciones por parte de la Asamblea Nacional, lo que las hace improbables. Si el problema es básicamente de liquidez externa, poco o nada se puede hacer con ingresos por impuestos internos, porque estos son más bien herramientas de gestión de la liquidez interna, además que algunos impuestos, como es el caso de la contribución por vehículos de más de USD 20 mil, suena mucho a una especie de regreso del impuesto verde. La fusión de instituciones no necesariamente significa una disminución apreciable de personal, a menos que el Estado definitivamente decida abandonar competencias, perdiendo su capacidad rectora, ¿sobre qué le interesaría a algunos que pierda su capacidad rectora?, y quizás por ello también se anuncia el cierre de agencias de regulación y control. Deshaciéndose de las empresas públicas más rentables se logra todo lo contrario de lo que se busca porque se dejará de percibir las utilidades de estas empresas; y la reducción real de salarios del sector público, además de una reducción en la demanda de bienes y servicios, también significa aumentar la probabilidad de prácticas corruptas y cabildeo.

Con respecto a la tercera, esta puede ser la más peligrosa, por los alcances que pueden tener las leyes que se propongan. Aún no se conocen detalles, pero, por ejemplo, que se intenten revivir contenidos de la archivada “ley de crecimiento económico”, (a propósito de lo cual en el Observatorio de la Dolarización tenemos un libro compilatorio de análisis, “Resistiendo a la Trole 4”), significaría aún un menor control sobre la liquidez externa, aún mayores garantías para los tenedores de deuda, aún menor capacidad para implementar políticas públicas anticíclicas. El Presidente ya ha declarado también que futuros desembolsos del FMI dependen de la aprobación de estas leyes. Por tanto, debe entenderse que lo que dice el Presidente es que debemos sacrificar nuestra política pública para poder seguirnos endeudando. No alcanzo a ver por dónde gana el país. Y menos aún por dónde se recupera la institucionalidad.

Pero hay una cuarta línea de medidas, un poco más preocupante porque de ella nadie habla, pero puede ser, de hecho, la más perniciosa.

En estos momentos se está tratando en la Corte Constitucional una reinterpretación del artículo 422 de la Constitución del Ecuador, en un intento por revivir a los tratados bilaterales de inversión (TBIs). Se lo está haciendo por petición de un grupo de Asambleístas, encabezados por Karina Arteaga, pero con el apoyo del Ejecutivo en la persona del Canciller José Valencia. La excusa esta vez es que con estos acuerdos se atraería cantidades exorbitantes de inversión extranjera con todos sus supuestos beneficios (recuérdese que hace pocos minutos hablamos de cómo todas estas inversiones, ante el pánico, son tremendamente volátiles), pero lo que no dicen es que estos tratados están diseñados para poner los intereses de los inversionistas por encima de la acción de cualquier Estado. Lo que no dicen es, por ejemplo, que amparados en estos tratados las empresas, inclusive si no han invertido realmente e inclusive aunque hayan violado las leyes de la nación receptora y hayan causado perjuicios a comunidades enteras, demandan a los Estados por sumas multimillonarias (un ejemplo es el laudo Chevron, por el cual el país tuvo que pagar más de mil millones de dólares, además de los costos de defensa, que es más o menos lo que las medidas propuestas por el gobierno pretenden ahorrar; entre todos los procesos de arbitraje el Ecuador podría tener que pagar a transnacionales más de USD 10 mil millones). Por tanto, en rigor, aunque lo que se espera de estos tratados es que ingresen recursos frescos, en la realidad lo que sucede es que salen recursos por demandas que sobrepasan cualquier límite razonable. Si el problema es de liquidez externa, no se entiende este tipo de maniobras suicidas por parte de Asambleístas y del Ejecutivo.

En el Observatorio de la Dolarización hemos publicado algunos textos que se han presentado a la Corte Constitucional, bajo la forma de Amicus Curiae, o asesorías de expertos, precisamente para evitar que esta reinterpretación reviva unos instrumentos tan lesivos como son los TBIs. Y son Amicus Curiae, en su mayoría, de académicos de trayectoria internacional, de varios países que, además, han abandonado los TBIs, o han evitado firmar nuevos, porque se ha demostrado el daño que hacen.

Esta sería esa medida tan preocupante, de la que nadie habla, que no se anuncia en cadena nacional.

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