Economía política, Leyes y regulación, Observatorio

En los 1990s, las offshore fueron el agujero negro por el que se desfondaron los ahorros de los ecuatorianos. Hay que prevenir que se repita. -Pedro Páez

A continuación una síntesis de la intervención de Pedro Páez Pérez en la Asamblea Nacional el 25 de octubre, uno de los pocos economistas que ha narrado y explicado con rigor académico y abundante documentación el origen y el desenvolvimiento de la crisis bancaria de los 1990s y la dolarización ecuatoriana. Ponemos su conocimiento a disposición de los lectores de este Observatorio. Coincidimos en su criterio y compartimos sus profundas preocupaciones.


La Ley Trole 4 perfecciona la profundización de la ofensiva neoliberal en el Ecuador al igual que sus predecesores, sobre todo la reciente ley Trole 3.

Igual que las anteriores (Trole 1, Trole 2 y Trole 3), se justifican con promesas de recaudación y de inversión, pero éstas se han verificado vanas e infundadas. Esta ley no solamente no resuelve los problemas básicos de los sectores externo, financiero, fiscal y productivo, sino que desencadena dinámicas que conducirán a un deterioro incluso más rápido que el que se tuvo con con la mencionada Trole 3. Esto va a provocar una rápida concentración económica y además un rápido deterioro de las capacidades productivas del país en detrimento de las familias ecuatorianas, sobre todo las más vulnerables. La conjunción de estas dinámicas de deterioro de los cuatro sectores, sobre todo de sector externo y del sector financiero, llaman a un amplio debate nacional más allá de las amenazas que se están sembrando en el país en el marco de una restricción a la libertad de expresión y de miedo que se ha generado después del paro y ahora con la amenaza de que criticar a esta ley se tipificaría como un delito de pánico bancario en el Código Orgánico Integral Penal. Al contrario, con este análisis se trata de evitarle problemas del país, previniendo malas prácticas que ya se han probado nefastas en el pasado.

Fundamental reclamar que una ley tan trascendente como ésta con 404 artículos y afectando a veintidós cuerpos legales haya sido enviada sin ningún estudio técnico: un informe de una sola página firmada por una subsecretaria encargada en el que además dice que “no han calculado los impactos en la economía pero que hagan no más”. Cuando ameritaba algo completo, pues, como vamos a demostrar, este texto trata de circunstancias son muy graves para la economía en todos los planos.

Vamos por el más grave y más evidente que es el sector externo. En lo que va del año ha habido un fortísimo aumento del déficit externo del sector privado. Anualizando, estamos hablando de unos $25 mil millones que solo parcialmente ha sido cubierto con el superávit del sector público en el campo externo. Las medidas lo que hacen es continuar la desregulación en el mercado de bienes: la facilitación de más importaciones (que además por ejemplo el caso de los vehículos van a atosigar todavía más las calles de ciudades ya saturadas como Quito, Guayaquil o Cuenca). Además, lo que es más grave es el tema de la desregulación financiera que facilita la fuga de capitales. Una fuga de capitales que ya, de acuerdo al propio SRI, ya supera los $30 mil millones. Y que además la ley está queriendo poner un sello de “perdón y olvido” sobre eso. Yo creo que esta fuga de capitales ha sido utilizada de manera política, sobre todo por la gran banca y por las grandes empresas, para poner de rodillas al País y provocar un credit crunch (contracción crediticia) con el objetivo de crear un problema de liquidez de la economía. A diferencia de cuando teníamos moneda nacional, ahora con dolarización la falta del circulante será física. Antes se iban las divisas pero se quedaba la moneda nacional. Esto afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de economía: a las provincias respecto a las ciudades; del campo a las ciudades; de las ciudades intermedias a las grandes; y, dentro de las grandes, los barrios populares. Los sectores productivos que no están vinculados al gran capital son los más afectados. Claramente aquí se están creando las condiciones para eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas. Al bajar esos impuestos para los teléfonos celulares, para los automóviles, al desregular la banca, al generar condiciones que complementan ya las facilidades regalonas de la Trole 3, están exacerbando la fuga de capitales en lo inmediato y ahora incluyendo los capitales del sector financiero.

Nos lleva al rubro del sector financiero, que es verdaderamente muy grave; sobre todo porque con esa sospechosa imposición del Fondo Monetario Internacional de que el País tiene que garantizar entre el tres entre el cinco y el doce por ciento del PIB como reservas internacionales intocadas. Esto no es justificable en una economía dolarizada cuando no tiene que guardar meses de divisas para importaciones (posiblemente con moneda nacional se explicaría algo pero no en esos niveles). Ahora hora no tiene ningún sentido, más aún cuando se quiere regresar al sistema de cuatro balances [del Banco Central] en el marco de una prohibición de la utilización de esos recursos por parte del sector público. Estos recursos públicos garantizan que hay una relación privilegiada y blindada para los bancos privados. Y al mismo tiempo, se reduce el coeficiente de liquidez interna y las reservas mínimas, permitiendo que puedan volcar todos sus recursos a activos en el exterior como ya sucedió con la desregulación financiera de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 que llevó a la crisis financiera que explotó en 1998. El argumento de siempre, el mismo que están diciendo ahora, es “el mercado se va a auto regular” y que “esta la Superintendencia de Bancos para controlar” y “la Superintendencia de Bancos tiene ahí los documentos“. Podría la Asamblea hacer un pedido especial para que se presenten al público todos los documentos que la Superintendencia de Bancos, en su momento [antes de la crisis financiera de los 1990s] mostraba certificados, inclusive auditorías in situ de los bancos, que tenían garantizados la mejor calidad de todos los activos en el exterior, y el rato que hubo algún problema todos sus activos se esfumaron, todas las cuentas offshore fueron el agujero negro a través del cual se terminaron desfondando los bancos y a través de ellos los ahorros de millones de ecuatorianos. Así es que resulta muy complicado lo que se está planteando en esta ley. Hay que hacer todo lo posible por prevenir que esa situación se repita. Es más, hay una serie de estudios, inclusive financiados por el Banco Mundial y por el BID, como por ejemplo los del economista Luis Miotti o el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que muestran claramente que ese [la desregulación de capitales] fue uno de los vectores cruciales como causal de la crisis financiera de 1998-2000.

El campo financiero ya tiene una estructura tremendamente concentrada con el banco más grande [Pichincha] con niveles de control sobre cualquier indicador financiero, sean activos, pasivos, depósitos, crédito, número de clientes. Si se le suma los otros bancos de la estructura de propiedad que los vincula [Loja, Rumiñahui] y más una de las tarjetas de crédito más importantes [Diners] significa una condición de cuasi-monopolio en el mercado financiero privado que no tienen ninguno de los países de América Latina. En esta ley se le otorgan condiciones [como la fusión exprés] para que aumente los niveles de concentración. Se genera un ataque a las cajas de ahorro y a las cooperativas: antes habían restricciones para que un banco no pueda absorber a una cooperativa; ahora se están levantando estas restricciones. Se está atacando a las cajas de ahorro rurales e indígenas impidiendo que la gente tenga otras alternativas de organizar sus finanzas, por ejemplo, eliminando la personería jurídica de las cajas de ahorro. Se están generando otra vez condiciones para que hayan las vinculaciones nefastas de la banca con ciertos sectores económicos, con los seguros o la prensa, por ejemplo, y está vinculado además a una serie de beneficios que se da a los medios de comunicación con exenciones y deducciones tributarias, etc.

En el sector fiscal, la situación es muy grave. Se quizo engañar al país entrampándole en un debate respecto a las condiciones fiscales que planteaba la eliminación de los subsidios de los combustibles cuando claramente no se trataba de aumentar los ingresos fiscales con esa medida sino preparar las condiciones para la privatización. Era para mejorar la rentabilidad de una privatización (cualquiera sea el eufemismo que se utilice) y cuyos beneficiarios estaban asignados de antemano (por eso sale del señor [Santiago] Cuesta). Ahora con esta ley, se busca desbaratar las condiciones de cobro de impuestos (los del gobierno se han portado “regalones” con respecto a las más grandes empresas con las remisiones). También en términos de tasa de recaudación han generado fuerte deterioro de la base impositiva, sobre todo con la restricción de la demanda efectiva. Y esta restricción se da en un ambiente de tres años de tasas de inflación negativa, cosa que ninguna escuela de pensamiento económico lo sostendría. Pero ahora, con esta ley, finalmente ya son golpes gravísimos a la eficacia recaudatoria con las medidas como la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y la combinación con la reducción al impuesto a la salida de divisas.

A nivel del sector productivo, es claro que las reformas laborales están generando una situación de rápido deterioro, no solamente en el mercado laboral, sino de la distribución del ingreso. Tomando en cuenta que los pobres del campo y la ciudad compran a los pobres del campo y la ciudad, los multiplicadores que van a ser afectados son precisamente aquellos que desde hace doce años previos fueron los resortes más dinámicos del crecimiento endógeno. Lo que hoy tiene el país es un efecto de “pinza” en el que los sectores oligopólicos, sobre todos los importadores, tienen un margen sobre ventas enorme que ha impedido que el País se pueda beneficiar de las devaluaciones de los países vecinos. Es clarísimo el caso de las devaluaciones aceleradas permanentes de Colombia y Perú y, sin embargo, los productos colombianos y peruanos no reflejan una reducción de los precios al consumidor en el mercado interno. Esto está generando una estructura de costos imposible para la producción y puede verse claramente, por ejemplo, en los servicios telefónicos y de internet: no solamente en términos de calidad sino también en términos de precios, que no permiten la competitividad. Eso es más fácil comprobar a través del internet por ejemplo porque las mismas empresas que operan aquí operan en los dos países vecinos pero a precios muchísimos más bajos. Los pequeños y medianos productores del País tienen una situación cada vez más difícil en torno a sus precios relativos, porque los precios de sus productos finales no se compadecen con el aumento de sus costos. En algunos casos, inclusive enfrentarán tasas sostenidas de inflación negativas lo cual está gatillando un proceso muy grave de deuda-deflación de endeudarse para completar el mes. Se están armando condiciones explosivas en términos del sector productivo, en términos de la generación de empleo y en términos de la generación de autoempleo. Las olas de quiebra que eventualmente pueden detonarse rápidamente y sin previo aviso, y la situación del país en el plano productivo está marcando claramente los límites estructurales de las condiciones de la dolarización. Sumados a los otros tres vectores mencionados marcan una alarma, que requiere un amplio debate técnico y no las amenazas oportunistas y electorales que tratan de sepultar esta grave alarma. Quienes quieren una ley urgente tratan de ocultar los poderosos intereses detrás de estas medidas y aplican el miedo de que este debate podría causar un pánico bancario. Y, claro, no hablan del pánico que crea, por ejemplo, el asustar a la gente al decir que “si no se aprueban estas medidas va a caer la dolarización”.

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