Banca y crédito, Divisas, Economía política, Leyes y regulación

El “(auto)golazo” del bono social

El pasado 10 de diciembre el Ministro de Economía y Finanzas anunció que el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía por USD 300 millones para la emisión de un bono social para el programa “Casa para Todos”.

El anuncio fue realizado resaltando que es un logro del gobierno actual, que significa el uso de una herramienta en la que el país sería pionero en la región, y que demuestra la confianza de los multilaterales en el Ecuador .

El Ministro no dio más detalles acerca de la garantía, pero algo se logró conocer en agosto de este año a través de una entrevista realizada a Rosa Matilde Guerrero, en ella se decía:

El segundo es una garantía por $ 300 millones para el Plan Casa Para Todos.
El BID la concederá a un banco público de segundo piso para que este disminuya su nivel de riesgo y pueda emitir bonos en el mercado internacional. Esos recursos se distribuirán en el sistema financiero ecuatoriano, que a su vez prestará para viviendas de interés social. (Fuente: El Telégrafo)

Por tanto, la garantía no es un préstamo, es un instrumento pensado para proteger “a los prestamistas frente al incumplimiento de pago, en una parte o en la totalidad, de un financiamiento concedido a prestatarios del sector público” (BID). No son recursos disponibles, son un instrumento para facilitar endeudarse.

Adicionalmente, no es gratuito, “comisiones se cobran buscando preservar la neutralidad en los cargos financieros entre préstamos y garantías” (BID). Es decir, a los costos financieros del préstamo que se consiga, habrá que añadirle el costo de comisiones de la garantía otorgada por el BID. De cualquier forma, es virtualmente imposible que se consiga un financiamiento con una tasa de interés menor a la del crédito chino aprobado recientemente (es decir, 6,5%). Con ello, el país estaría pagando, aproximadamente, USD 20 millones anuales en intereses (sin considerar interés compuesto, comisiones y otros gastos financieros) que constituirían un flujo de divisas saliente.

Probablemente era el único camino a seguir. Sin la garantía BID seguramente no podríamos acceder a financiamiento y, sin acceso a financiamiento, el Plan Casa para Todos no podría ser posible. Probablemente.

Pero sí existía otra opción: la inversión doméstica, que fue automutilada mediante la ley Trole 3. Mediante inversión doméstica la banca de desarrollo nacional contaba con créditos desde 0,2% de interés. Por supuesto, la inversión doméstica requiere un mejor manejo de los flujos salientes de divisas para evitar poner en riesgo las reservas internacionales, lo que a su vez hubiese implicado brindar preferencias al componente nacional en la construcción de las Casas para Todos. Ese pudo haber sido un elemento de interés para los constructores nacionales.

De acuerdo con el BID las garantías son contabilizadas 1 a 1 con los préstamos. Cabe decir entonces que, para la oferta de campaña de 325 mil nuevas viviendas, seguramente no serán suficientes USD 300 millones (USD 923 por casa, las casas de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 costaban 10 veces más).

Resumiendo: el instrumento anunciado por el Ministro de Economía de Finanzas como un proceso “inédito que debe llenarnos de ilusión”, resulta incierto, insuficiente, caro, y genera flujos salientes de divisas. Y el Sr. Ministro se quedó sin alternativas más baratas y flexibles gracias a una ley que él mismo propuso. Definitivamente un (auto)golazo.

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